La decisión del Ejecutivo nacional de centralizar el flujo de Vaca Muerta hacia el Gran Buenos Aires genera una reducción del 35% en la capacidad de transporte para el NOA, forzando a los sectores productivos de Tucumán a elegir entre paradas de planta o costos de insumos seis veces superiores al promedio residencial.
Lo que durante años fue una advertencia estacional se ha transformado, en el invierno de 2026, en una restricción operativa de cumplimiento efectivo. El Gobierno de Javier Milei, bajo la Resolución N° 66/2026, ha redefinido la arquitectura del transporte de hidrocarburos, priorizando el abastecimiento ininterrumpible (residencial y comercial) y desviando volúmenes críticos hacia el área metropolitana mediante el Gasoducto Perito Moreno. Para Tucumán, esta maniobra implica una caída de 1,8 millones de m³ diarios en el suministro disponible. En plena zafra sucroalcoholera y campaña citrícola, las industrias locales enfrentan un escenario de hasta 80 días de cortes programados, lo que pone en tensión no solo la rentabilidad empresarial, sino la estabilidad del empleo en los sectores más dinámicos de la economía provincial.
El trasfondo de esta crisis radica en la inconclusa reversión del Gasoducto Norte. La parálisis de las plantas compresoras ha dejado al NOA en una situación de vulnerabilidad geográfica: desconectado de la abundancia de Vaca Muerta por falta de infraestructura final y dependiente de una cuenca boliviana en declive terminal. Desde una perspectiva de análisis económico, el desplazamiento del costo del sistema hacia el sector privado es total. Las empresas tucumanas son empujadas a un mercado de «fuentes alternativas» donde el GNL regasificado alcanza valores prohibitivos de casi 24 dólares el MMBTU, una cifra que sextuplica el precio del gas residencial y que anula cualquier ventaja competitiva de la producción regional.
El impacto estructural trasciende lo energético para convertirse en un conflicto de federalismo económico. Mientras el Gran Buenos Aires asegura su consumo mediante la nueva traza troncal, el Norte Grande sufre una «descapitalización energética» en su período de mayor demanda. La Unión Industrial de Tucumán (UIT) ha señalado correctamente que la incertidumbre sobre el precio y la disponibilidad del gas del norte impide cualquier planificación financiera para el ciclo productivo 2026. La intervención solicitada al gobernador Osvaldo Jaldo busca mitigar un efecto dominó que, de no mediarse una excepción regulatoria o una aceleración de las obras de TGN, terminará por consolidar una asimetría de costos que penaliza la industrialización en el interior del país.
La transición hacia un nuevo modelo de abastecimiento centralizado en el yacimiento neuquino encuentra a la industria tucumana en un «vacío técnico» que amenaza con transformar el crecimiento estacional en un periodo de parálisis y sobrecostos insostenibles.
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